Por Luis O. Vasta. Periodista médico

Una problemática que interpela a todos

El maltrato infantil es una de las formas más dolorosas de violencia. Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2023 se registraron más de 5.300 niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones de violencia doméstica, con un promedio de 15 casos por día. La mayoría de las denuncias involucran a padres, familiares directos o cuidadores, lo que revela la gravedad de un fenómeno que ocurre en los espacios donde los niños deberían sentirse más protegidos.

La psicóloga infantil Mariana Chaves señala: “El daño emocional que produce el maltrato es tan profundo como el físico. La confianza básica en los adultos se quiebra, y reconstruirla requiere tiempo, acompañamiento y políticas públicas sostenidas”.

Cuando el victimario es una institución

El dolor se multiplica cuando quienes ejercen violencia son instituciones destinadas a proteger a la infancia vulnerable: hogares, residencias o centros de cuidado. Niñas y niños que ya han sufrido abandono social o familiar esperan allí ser rescatados por familias amorosas, pero en ocasiones encuentran indiferencia, negligencia o incluso maltrato.

El especialista en derechos de la infancia Juan Facundo Hernández advierte: “Cuando una institución que debería cuidar se convierte en un espacio de violencia, el daño es doble: se traiciona la confianza social y se perpetúa la vulnerabilidad de quienes más necesitan protección”.

En estos casos, la justicia puede aplicar sanciones severas: intervención y cierre de la institución, procesos penales contra responsables, inhabilitación profesional y reparación integral a las víctimas. Además, organismos de control como las defensorías de niños y adolescentes intensifican la supervisión y promueven programas de capacitación para garantizar que los espacios de cuidado sean realmente seguros.

Impacto social y medidas judiciales

Las noticias sobre maltrato infantil generan conmoción y dolor en la sociedad, pero también movilizan conciencia y acción. Cada caso expuesto en los medios recuerda que la infancia es un bien colectivo que debe ser protegido.

En Argentina, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que los victimarios enfrentan procesos judiciales que pueden incluir penas de prisión, pérdida de la patria potestad y restricciones de contacto. Cuando se trata de instituciones, las sanciones alcanzan a directivos, empleados y responsables legales, con consecuencias que van desde la clausura hasta la responsabilidad penal.

“La justicia no solo sanciona a los responsables, también busca reparar el daño y garantizar que los niños puedan crecer en entornos seguros. La sanción es necesaria, pero la prevención es aún más urgente”.

Un mensaje de esperanza

Aunque las cifras son alarmantes, cada denuncia y cada intervención judicial representan un paso hacia la protección efectiva de la infancia. La sociedad está aprendiendo a no callar, a visibilizar y a exigir justicia.

El maltrato infantil no es un destino inevitable: con educación, acompañamiento comunitario y políticas firmes, es posible construir hogares, escuelas e instituciones donde los niños crezcan libres de violencia.

"La infancia es la raíz de nuestro futuro. Cuidarla es sembrar esperanza."