Por Luis O. Vasta, periodista médico

En la Argentina, las reformas legislativas parecen diseñadas más para la tribuna política que para la realidad social. La baja de imputabilidad a los 14 años se presenta como un avance en materia de seguridad, pero sin la construcción de institutos de menores —algunos especialistas hablan de al menos cien— la medida se convierte en un cascarón vacío.

La pregunta es sencilla: ¿de qué sirve condenar a un adolescente si no existe un lugar donde pueda ser contenido, educado y preparado para reinsertarse en la sociedad? La cárcel común no es opción, y la ausencia de instituciones específicas transforma la reforma en un castigo sin salida, más cercano a la exclusión que a la rehabilitación.

Lo que debería ser un debate profundo sobre cómo rescatar a quienes caen en la delincuencia temprana, se convierte en un ring de gestos y discursos agresivos dentro del recinto. Cada facción busca imponer su relato, mientras la realidad de los jóvenes vulnerables queda relegada a un segundo plano.

La ironía es que se legisla sobre la vida de adolescentes como si fueran fichas de ajedrez, sin pensar en el tablero completo: la educación, la contención, la familia, la comunidad. Una ley sin instituciones es apenas un espejismo de justicia.

La ciudadanía debe exigir más preparación y estudio en quienes legislan, y menos intercambio de gestos y gritos vacíos. Porque las leyes no se escriben para ganar una pulseada política, sino para transformar realidades. Y sin instituciones, la reforma es sólo otra zanahoria colgada delante del pueblo.